Aprobada Ley General de Educacion

Por amplia mayoría y tras una intensa negociación, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto que establece la Ley General de Educación (LGE), sin ninguna de las indicaciones que lo pusieron en riesgo.

Con 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones el gobierno logró sacar adelante la reforma en la enseñanza, pese a que estuvo al borde de quedar en nada, luego del rechazo que manifestaron varios diputados oficialistas al acuerdo que había alcanzado el Ejecutivo con la Alianza relativo a enviar una nueva indicación sobre el rol del Estado en educación.

Para evitar un rechazo, la Presidenta Michelle Bachelet firmó hoy un protocolo de acuerdo, a través del cual se comprometió a enviar un proyecto de ley -separado de la LGE- para fortalecer la educación pública.

Esto permitió que las bancadas de los partidos de gobierno decidieran entregarle su respaldo a la iniciativa en cuando a la idea de legislar. No obstante esta mañana, previo a la votación en la Cámara de Diputados, el Gobierno realizó un intenso trabajo en los pasillos de la sede del Parlamento, para asegurarse de que contaba con los 68 votos que exigía el quórum para ratificar la LGE.

El proyecto aprobado regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, fija los requisitos mínimos que se exigirán en cada nivel y regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento.

El texto establece los requisitos y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo de calidad.

Además sostiene que el sistema chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

El documento dispone que la educación es un derecho de todas las personas y que el Estado tiene el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.

El Estado deberá velar además por la calidad de la educación, estableciendo las condiciones necesarias para ello y verificando permanentemente su cumplimiento. Se incluye en este aspecto la promoción del desarrollo profesional docente.

El Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia del ramo, deberán administrar, en el ámbito de sus competencias, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

Tras la votación del proyecto en general, corresponde la votación en particular de la iniciativa, incluyendo las indicaciones presentadas por el gobierno y los diputados oficialistas.