La fortuna que el ex dictador chileno Augusto Pinochet amasó y guardó secretamente en bancos extranjeros durante años le sigue pasando factura a sus familiares y colaboradores, 23 de los cuales fueron procesados y detenidos ayer. El juez Carlos Cerda procesó por presunta implicación en el delito de malversación de fondos públicos a Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, y a los cinco hijos del matrimonio: Augusto, Lucía, Verónica, Jacqueline y Marco Antonio.
También fueron procesados cuatro colaboradores civiles del hombre que gobernó Chile con mano dura de 1973 a 1990 y trece militares, tres de ellos generales retirados.
Según la resolución judicial, existen presunciones fundadas de que los procesados tuvieron participación en el desvío hacia cuentas personales de Pinochet de fondos reservados que eran manejados por la “Casa Militar”, un comité asesor castrense que Pinochet mantuvo en los últimos años de su régimen.
Cuando murió, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba enjuiciado por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en este proceso y desaforado -paso previo a su procesamiento- por malversación de fondos públicos.
La investigación sobre la fortuna de Pinochet se abrió el año 2005, tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades.
Nombres falsosDesde los años 80 había acumulado en esas cuentas, en las que figuraba con al menos una decena de nombres falsos, una fortuna superior a 26 millones de dólares.
De esa suma, según la resolución de ayer, sólo ha podido acreditar la legalidad de unos seis millones de dólares.
“El origen de 20,199,753.03 dólares no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”, puntualiza el juez Cerda.
Entre 1973 y 2003, los ingresos legítimos de Pinochet sumaron 2,146,473,111 pesos (unos 4.20 millones de dólares al cambio actual), incluidos su sueldo del Ejército, dieta como senador, pensión como ex presidente de Chile, honorarios, intereses de capitales mobiliarios, dividendos, préstamos, ventas de bienes raíces, ventas de vehículos, devolución de impuestos y viáticos.
En ese contexto, entre los procesados figuran los generales retirados Guillermo Garín, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier, todos ex jefes de la “Casa Militar”.
También están dos abogados defensores de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, que durante su régimen fue procurador general de la República, y Gustavo Collao.
Tres de los procesados son funcionarios en actividad en el Ejército: los coroneles Juan Mc-Lean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario de Pinochet, además de Mónica Ananías, que fue secretaria privada del dictador.
El juez Carlos Cerda retomó el caso hace una semana, después de haber estado alejado más de un año a causa de recusaciones presentadas por la defensa de Pinochet, que lo acusaba de animadversión y parcialidad.
Presunciones fundadas en un diálogo con los periodistas, el magistrado, afirmó que estando acreditada, “con copiosos antecedentes”, la existencia del delito, “hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, en el sentido de que esas personas han tenido participación en ese delito”.
“Nos interesa, como jueces, que la justicia genere paz sobre la base de la verdad”, añadió y se manifestó esperanzado de que la sociedad “tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de los hechos ocurridos”.
Según informaron las autoridades, las mujeres procesadas serán recluidas en el Centro de Orientación Femenino y los civiles hombres en dos penales de la capital, mientras los uniformados cumplirán su detención en un batallón de la Policía Militar
También fueron procesados cuatro colaboradores civiles del hombre que gobernó Chile con mano dura de 1973 a 1990 y trece militares, tres de ellos generales retirados.
Según la resolución judicial, existen presunciones fundadas de que los procesados tuvieron participación en el desvío hacia cuentas personales de Pinochet de fondos reservados que eran manejados por la “Casa Militar”, un comité asesor castrense que Pinochet mantuvo en los últimos años de su régimen.
Cuando murió, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba enjuiciado por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en este proceso y desaforado -paso previo a su procesamiento- por malversación de fondos públicos.
La investigación sobre la fortuna de Pinochet se abrió el año 2005, tras descubrirse que mantenía cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades.
Nombres falsosDesde los años 80 había acumulado en esas cuentas, en las que figuraba con al menos una decena de nombres falsos, una fortuna superior a 26 millones de dólares.
De esa suma, según la resolución de ayer, sólo ha podido acreditar la legalidad de unos seis millones de dólares.
“El origen de 20,199,753.03 dólares no encuentra justificación razonable y todo hace presumir que se encuentra en los fondos de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, a la Casa Militar y a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile”, puntualiza el juez Cerda.
Entre 1973 y 2003, los ingresos legítimos de Pinochet sumaron 2,146,473,111 pesos (unos 4.20 millones de dólares al cambio actual), incluidos su sueldo del Ejército, dieta como senador, pensión como ex presidente de Chile, honorarios, intereses de capitales mobiliarios, dividendos, préstamos, ventas de bienes raíces, ventas de vehículos, devolución de impuestos y viáticos.
En ese contexto, entre los procesados figuran los generales retirados Guillermo Garín, Jorge Ballerino y Guillermo Letelier, todos ex jefes de la “Casa Militar”.
También están dos abogados defensores de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, que durante su régimen fue procurador general de la República, y Gustavo Collao.
Tres de los procesados son funcionarios en actividad en el Ejército: los coroneles Juan Mc-Lean Vergara, ex agregado militar de Chile en Estados Unidos, y Mortimer Jofré, otrora jefe de relaciones públicas de la rama castrense y secretario de Pinochet, además de Mónica Ananías, que fue secretaria privada del dictador.
El juez Carlos Cerda retomó el caso hace una semana, después de haber estado alejado más de un año a causa de recusaciones presentadas por la defensa de Pinochet, que lo acusaba de animadversión y parcialidad.
Presunciones fundadas en un diálogo con los periodistas, el magistrado, afirmó que estando acreditada, “con copiosos antecedentes”, la existencia del delito, “hay presunciones fundadas, también justificadas en la resolución, en el sentido de que esas personas han tenido participación en ese delito”.
“Nos interesa, como jueces, que la justicia genere paz sobre la base de la verdad”, añadió y se manifestó esperanzado de que la sociedad “tenga esta posibilidad de acceder a la veracidad de los hechos ocurridos”.
Según informaron las autoridades, las mujeres procesadas serán recluidas en el Centro de Orientación Femenino y los civiles hombres en dos penales de la capital, mientras los uniformados cumplirán su detención en un batallón de la Policía Militar
listindiario.com.do
No hay comentarios:
Publicar un comentario