La siguiente columna representa la politica de combate de Felipe Calderon contra los carteles de la droga en Mexico, eso parece ser la idea del gobierno para combatir la violencia en la zona del conflicto mapuche:
Por todos los medios el Gobierno federal pretende hacernos creer que la lucha que libra en contra de bandas del narcotráfico es legítima y que la confrontación armada, con todas sus consecuencias, es la única forma de hacerlo. Sin embargo hasta ahora los resultados son catastróficos y diariamente los muertos elevan las estadísticas criminales, aunado a los secuestros, los heridos, los consumidores de drogas y las detenciones.
Pero en esta guerra que libran militares y policías contra cárteles de la droga, también hay bajas de la población civil que, indefensa, observa con temor cómo se reducen sus espacios de libertad y de tránsito, al tiempo que las bandas delincuenciales ganan terreno, por más que el mismo Felipe Calderón diga que el Gobierno tiene bajo control todo el territorio nacional.
Para reducir la violencia que mantiene a México como una de la zonas de mayor riesgo del mundo, lo que ha golpeado al sector turístico del país y al ingreso de divisas e inversiones de capitales extranjeros, algunas voces se han pronunciado por la legalización del consumo de droga y otras por la negociación directa con las bandas del narcotráfico, a fin de pactar la producción y el transporte de estupefacientes hacia territorio estadounidense, sin que ello ocasione más muertes en el país. A esto la respuesta ha sido inmediata y unánime del gabinete, en el sentido de que el gobierno calderonista no negociará con delincuentes, como se hizo en el pasado, llámese Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y otros ex presidentes. Tampoco, dice, se legalizará el consumo.
Sin embargo hay muchas dudas sobre las verdaderas intenciones presidenciales para mantener la extrema violencia en las calles, en donde lo mismo mueren narcotraficantes, policías y militares, así como personas inocentes que cruzan en el momento menos oportuno por calles y avenidas de todo el país. Y ello tiene que ver con la enorme corrupción que hay en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en las áreas administrativas y de operación de las secretarías de Estado o empresas paraestatales como Pemex. Esto es lo que ha permitido que cualquier área de gobierno sea infiltrada por el crimen organizado y así se allega información a todos los niveles, lo que hace imposible acabar con él y su red de corrupción y complicidad.
Entre los últimos mensajes relevantes que envió Felipe Calderón a la nación de que su gobierno sería omiso para combatir la corrupción y además la fomentaría, fue el caso de los contratos que el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con la paraestatal Petróleos Mexicanos, en su dualidad de empresario-servidor público, en donde el presidente no sólo no retiró del cargo a quien consideraba su hombre para sustituirlo en Los Pinos, sino que lo alentó para continuar impunemente bajo un manto protector presidencial, enviando así un mensaje equivocado a la población en el sentido de que cualquier funcionario público puede hacer negocios con el Gobierno aún cuando sea la misma área en donde labora, sin importar que con ello viole leyes y reglamentos que lo impiden.
Entonces la principal lucha que debería encabezar Felipe Calderón es en contra de funcionarios corruptos, que los hay en todas las áreas de gobierno, e impedir así la infiltración del crimen organizado en las distintas entidades públicas, desde donde se sienten seguros para controlar el país.
De tal manera que no es mediante la fuerza pública, incluidas las fuerzas armadas, las que deben de tomar las calles para enfrentarse a balazos con sicarios y delincuentes que están dispuestos a morir, porque tienen garantizados sus funerales y la ayuda económica a sus familias, mientras que policías y soldados esperan con miedo el siguiente ataque sin mayor protección que su habilidad y suerte.
Otro dato inequívoco de la falta de voluntad del Gobierno federal para combatir a fondo el problema del crimen organizado, es su negativa a investigar el dinero sucio que se genera con las actividades ilícitas, pues ninguna autoridad pretende siquiera molestar a las instituciones financieras y bancarias, en su mayoría extranjeras, que por excelencia son los principales centros de lavado de dinero en el mundo.
Si se intentara quebrar las estructuras delincuenciales, es precisamente pegándoles en el manejo de los recursos económicos como el Gobierno podría realmente mermar a las bandas del crimen organizado, pues sin dinero les sería imposible contratar a más personal dispuesto a arriesgar su vida a cambio de unos cuantos dólares. Lo mismo sucedería con la compra de estupefacientes a países de centro y Sudamérica, el pago a transportistas y el soborno a funcionarios y policías corruptos en ambos lados de la frontera. Sin estos recursos, el narcotráfico realmente se vería afectado, y no como se piensa que deteniendo a unos cuantos sicarios y operadores podrán terminarlo.
Calderón se ha mostrado escandalizado porque, según él, la revista Forbes ha hecho apología del delito al incluir en sus listas de los hombres más ricos del mundo, algunos de los cuales, si no es que todos, deberían ser investigados por delitos de cuello blanco, al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien se ha convertido en el principal jefe del tráfico de drogas que se consumen en Estados Unidos.
Es ahí en donde Calderón quiere presumir carácter contestando al Gobierno de Estados Unidos que es corresponsable de la violencia en México, al mantener el principal mercado de consumo de drogas, pero ante ello ha sido sumiso y obediente a las directrices que le dictan desde Washington, mientras que su gobierno prefiere poner su territorio y los muertos para que sea aquí en donde se libre la guerra que todos sabemos ya tiene perdida.
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