Salvador Allende y las instituciones

El respeto por las instituciones y leyes es la base de la una verdadera democracia aqui digo porque Allende nunca fue democratico:

En la elección Presidencial de septiembre de 1970, obtuvo sólo el 36.3 % de los votos.

En la elección municipal de abril de 1971, el conjunto de los partidos que conformaban la Unidad Popular superó apenas el 49%.

En la elección parlamentaria de marzo de 1973, los candidatos de la Unidad Popular obtuvieron algo más del 43% de los sufragios.

Esas cifras son el primer indicio de una conciencia más profunda que el propio Allende tenía respecto de sus relaciones con el mundo civil. En efecto, en numerosas oportunidades el Presidente de la República develó su comprensión de las distancias que lo separaban de gran parte de la población. Al respecto, sólo tres referencias correspondientes a planos diferentes de esa conciencia de parcialidad:

· A) "Yo no soy Presidente de todos los chilenos, soy Presidente de la Unidad Popular," declaró Allende en Valparaíso en febrero de 1971, causando no sólo un legítimo revuelo y malestar, sino también la confirmación de los temores sobre un eventual enfrentamiento futuro entre los civiles identificados con el Gobierno y aquéllos considerados opositores a él.

B) "Por lo que hicimos no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno: ubícate en el período en que se produjo ese Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica; no cambiamos ni una coma del programa; en ese momento lo importante era tomar el gobierno," le decía ese mismo mes el Presidente a Regis Debray, en una entrevista. Reconocía así Allende que sus partidarios y él habían aprobado el Estatuto de garantías -reforma constitucional que había entrado en vigencia apenas dos meses antes, el 9 de enero- sólo por razones tácticas, es decir porque la correlación de fuerzas con el restante mundo civil hacía imposible obtener la ratificación de Allende en el Congreso pleno e imponer todo el programa de la UP de inmediato; había que transar "tácticamente" con la mayoría parlamentaria, partidaria y civil que se sentía atemorizada por el recién instalado Gobierno de la Unidad Popular.

C) Por eso mismo, un Allende ya mucho más abierto en su reconocimiento de la confrontación entre sectores de la sociedad, al hablar en el Estadio Nacional el 21 de mayo de 1973, afirmaba que utilizando primero la ley, utilizaría luego la violencia revolucionaria, si fuese necesario. Esta fuerte declaración se debía a que una enorme mayoría de la civilidad se oponía a su Gobierno, por lo que, desde su lógica el Presidente anunciaba que iba a hacer falta la violencia para imponer sus propósitos… superada ya la vía legal.

Ya al votar el Estatuto de Garantías, en octubre de 1970, el Partido Nacional, a través de su senador Francisco Bulnes S., afirmó que era inútil reformar la Constitución, porque el comportamiento del Gobierno dependería de la voluntad del ciudadano que asumiría la Primera Magistratura. "Esta reforma constitucional no asegura en modo alguno la vida del estado de derecho y de la democracia representativa; ello depender· sólo de la conducta del nuevo gobierno en cuanto al respeto de las garantías constitucionales que ya consigna nuestra Carta fundamental y en particular del ciudadano que asumir· próximamente el alto cargo de Presidente de todos los chilenos," afirmó Bulnes, marcando la cancha respecto de la mirada de largo plazo de su Partido, claramente escéptico -por decir lo menos- de la viabilidad de la democracia bajo Allende.

Distinta había sido la actitud del Partido Demócrata Cristiano, ya que en esa misma oportunidad había apoyado con sus votos la mencionada reforma a la Constitución de 1925. Pero fue a raíz del asesinato por un grupo terrorista de izquierda, de su militante, el ex ministro del Interior de Eduardo Frei M., Edmundo Pérez Zujovic, que el partido cambió por completo su discurso: El 8 de junio de ese año afirmó que el asesinato era producto "del clima de odio, difamación y violencia" y exigió el desmantelamiento de los grupos armados que estaban actuando al margen de la ley. Incluso, el PDC le pidió a Allende que entregara la investigación del asesinato al Servicio de Inteligencia del Ejército, porque no le daba confianza la policía de Investigaciones en manos de la izquierda. Este distanciamiento fue ratificado y acrecentado un año después, durante el paro de octubre de 1972, a través de la significativa declaración de su presidente, Renán Fuentealba, quien afirmó que el Gobierno actuaba en abierto desafío a la Constitución y a las leyes, así como también a los derechos fundamentales, lo que era peligroso para todos los chilenos. Y aunque hubo acercamientos entre La Moneda y el PDC a mediados de 1973, ellos fueron inútiles porque gran parte de la base democratacristiana estaba convencida de que la situación no tenía salida por la vía legal.

A esta situación se sumaron las reiteradas declaraciones sobre las ilegalidades cometidas por el Gobierno formuladas por la Contraloría General de la República.

Faltaba sólo el pronunciamiento contrario al Gobierno de Allende de los otros dos poderes del Estado. Cronológica y conceptualmente fue decisiva la reacción del Poder Judicial, porque se produjo primero y, además, fue durísima. Es el acontecimiento que marca decisivamente toda la diferencia; nos referimos al intercambio de oficios entre Allende y la Corte Suprema -debido al incumplimiento de sentencias judiciales- iniciado el 30 de octubre de 1972, pero que alcanzó su clímax el 25 de junio de 1973. Si en el Chile de la UP se percibió hasta qué punto es dañino el lema gramsciano por el cual "todo es política", no cabe duda que quien resistió más tiempo y con mayor energía a su influjo fue la Corte Suprema de Justicia, árbitro superior, que fue llevado por la torpeza de las políticas gubernamentales a la calidad de rival invencible.

Ya en 1972 la Corte había manifestado que los buenos deseos y los altos propósitos de Allende solían desobedecerlos algunas autoridades, por lo que se estaba en presencia de un quebrantamiento del orden jerárquico. Desgraciadamente no se enmendó la práctica cuestionada, sino que se la extendió y autorizó. En efecto, una circular confidencial del general Prats, Ministro del Interior, determinó el 19 de enero de 1973 que el desalojo de un establecimiento o industria, en virtud de una orden judicial, debía suspenderse si las circunstancias laborales o de otra índole determinaban que se trataba de un caso conflictivo. Así sucedió en reiteradas ocasiones, por lo que la Corte se dirigió al Ministro del Interior afirmando que "no escapar· del elevado criterio de V.S. lo que significa omitir el cumplimiento de resoluciones ejecutoriadas que, de esta manera, dejan a los que legítimamente han obtenido en juicio, en la más completa indefensión".

Como la situación se agravó incluso más, por oficios del 7, 16 y 26 de mayo la Corte Suprema protestó ante el Presidente de la República, debido a "la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales" y por la "abierta pertinacia en rebelarse contra las resoluciones judiciales… lo que significa no ya una crisis en el Estado de Derecho… sino una perentoria o inminente quiebra de la juridicidad."

Allende contestó el 12 de junio ratificando la circular Prats, al afirmar que "resulta inadmisible sostener que estas autoridades deban prestar el amparo policial en forma del todo indiscriminada, por cuanto ello podría conducir a situaciones que atenten precisamente contra la paz social y el orden público que están llamadas a cautelar," y concluyó afirmando que el Tribunal había formulado observaciones de dudosa oportunidad y que en caso alguno favorecían la paz social y el restablecimiento del diálogo democrático.

Llamada a la arena del conflicto, la Corte salió en defensa de su propia integridad y del orden jurídico del país, calificando el oficio presidencial como "un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno," y a las palabras del Presidente como "una posición militante contra el órgano jurisdiccional superior del país." Y, a continuación, los ministros desarrollaban un documentado análisis de los errores jurídicos presidenciales y de sus asesores.

El oficio de la Corte Suprema no fue contestado por Allende; simplemente fue devuelto el día 27, porque el Gobierno calificó su redacción como "irrespetuosa e inconveniente." Allende cerraba así otra puerta al diálogo y, de paso, abría otro flanco a la casi unánime reacción institucional.

Y pocos días antes del Golpe Militar -el 23 de agosto- fue la Cámara de Diputados la que declaró que el Gobierno se había "ido empeñando en conquistar el poder total," para lo cual, decía el texto de la declaración, "el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República." En concreto, la Cámara sostuvo que se habían atropellado la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el principio de autonomía universitaria, el derecho de reunión, la libertad de enseñanza, el derecho de propiedad, los derechos sindicales, la libertad de circulación, etc. Terminaba el texto advirtiéndole a las Fuerzas Armadas que "les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones… que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encausar la acción gubernativa por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos."

Lo que paso después todos los sabemos y no puedo estar mas en contra de eso, la dictadura militar violó los derechos humanos, pero de ahi a considerar a Allende como el gran presidente de nuestra historia, como el hombre que iba a iniciar un cambio hacia una verdadera democracia, es agregar un mito innecesario, ni Allende fue un gran presidente ni Pinochet fue el libertador de Chile, eso debemos entenderlo, cuando se alejen las pasiones estaremos en condiciones de mirar objetivamente nuestro pasado y sin personajillos que sean considerados heroes miticos.